— 132 sentencias publicadas entre el 2 y el 28 de marzo de 2026.
— 146 autos de admisión publicados entre el 8 de marzo y el 11 de abril.

No estamos ante un periodo de giros bruscos, sino ante una fase de ajuste fino. El Tribunal parece decidido a reducir zonas de fricción que venían generando interpretaciones dispares en las instancias inferiores. Estos son los principales ejes que han marcado este periodo.

No es una etapa para titulares llamativos, pero sí para leer con atención: cuando el Supremo entra en modo ajuste, suele ser porque quiere que se juegue con menos margen y más precisión.

---

1. Fiscalidad: foco en el procedimiento y en las estructuras empresariales

La Sección Segunda continúa liderando la producción jurisprudencial, con resoluciones que prestan especial atención al encaje de los hechos en el procedimiento tributario:

Comprobación de valores
Se mantiene la validez de la tasación hipotecaria como medio de comprobación (art. 57.1.g LGT), precisando que la diferencia relevante entre el valor declarado y el de tasación puede justificar la actuación administrativa sin necesidad de un debate previo de carácter abstracto.

Grupos de sociedades y arrendamiento
Se sigue analizando el requisito del empleado a jornada completa en el ámbito del arrendamiento inmobiliario dentro de grupos mercantiles (art. 27.2 LIRPF), poniendo el acento en la existencia de una efectiva integración de la actividad dentro del grupo, más allá de la mera pertenencia societaria.

IVA e impagos
Se han admitido recursos para examinar si los umbrales mínimos para la modificación de la base imponible en supuestos de créditos incobrables se ajustan a la normativa europea y al principio de capacidad económica.

Si uno conecta estas resoluciones con otras recientes, la impresión es clara: cada vez hay menos espacio para discutir grandes principios en abstracto y más para acertar —o equivocarse— en cómo se tramita y se prueba cada caso.

---

2. Contratación pública: liquidaciones y equilibrio económico

La contratación administrativa vuelve a ocupar un espacio central, especialmente en lo relativo a las consecuencias económicas de la extinción contractual:

Liquidación de contratos
La Sala vuelve a pronunciarse sobre el tratamiento de las inversiones no amortizadas en supuestos de resolución anticipada de concesiones de obra, incluso cuando esta se produce por renuncia unilateral del contratista.

Intereses de demora
Se admiten recursos para precisar el dies a quo en el pago de certificaciones de obra y facturas de servicios. Además, el Tribunal ha venido precisando el tipo de interés aplicable cuando la deuda contractual se entrecruza con revisiones tributarias vinculadas al IVA.

Criterios de adjudicación
Se examina la utilización de umbrales de saciedad y otros límites en la valoración de las ofertas económicas, siempre en conexión con el objeto y la finalidad del contrato.

En conjunto, se aprecia una voluntad clara de ordenar la práctica contractual, sin vaciar de contenido la discrecionalidad técnica.

---

3. Digitalización y garantías: LexNET y entrada en domicilio

El Tribunal Supremo sigue abordando el impacto de la digitalización administrativa sobre las garantías procedimentales:

Incidencias en LexNET
Se ha apreciado interés casacional para determinar si la existencia de incidencias técnicas relevantes o brechas de seguridad notorias en el sistema LexNET puede afectar a la inadmisión de recursos por extemporaneidad, a la luz del principio de buena administración.

Entrada en domicilio
Se insiste en que el consentimiento para la entrada debe ser realmente libre e informado, con especial atención a cómo se documenta ese consentimiento en las actuaciones inspectoras y a la posibilidad efectiva de negarlo o revocarlo.

Aquí la Sala mantiene una línea especialmente exigente cuando están en juego derechos fundamentales.

---

4. Regulación sectorial, medio ambiente y empleo público

Junto a los grandes bloques tradicionales, este periodo deja también ajustes relevantes en sectores concretos:

VTC y movilidad
Se analizan las limitaciones de licencias —incluida la conocida proporción 1/30— a la luz de las exigencias de justificación medioambiental y de gestión del tráfico derivadas de la jurisprudencia europea.

Gestión del lobo ibérico
Se reconoce la competencia autonómica para el control de la población, pero se refuerza la exigencia de una motivación precisa y adecuada sobre la inexistencia de otras soluciones satisfactorias antes de autorizar capturas.

Empleo público
Se siguen examinando diferencias de trato en materia de carrera profesional entre personal fijo y temporal, así como el alcance del reconocimiento de trienios consolidados por personal laboral al acceder a la condición de funcionario.

---

En síntesis

Las resoluciones publicadas entre marzo y abril de 2026 no pretenden redefinir el sistema, pero sí ajustarlo.
El Tribunal Supremo parece decidido a cerrar grietas interpretativas y a reducir la incertidumbre en ámbitos donde la práctica administrativa y judicial se había vuelto excesivamente dispar.

---

Nota de autor

En esta Newsletter pública apenas se esbozan las líneas generales.