Tweet Largo: La audiencia a los interesados tras la emisión de informe vinculante no resulta exigible ni preceptiva

La Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la STSJ de Canarias para interpretar el artículo 113.1 TRLPEMM; en relación con el artículo 62.1.e)
LRJPAC, en orden a aclarar si en los casos en que el informe preceptivo y vinculante de Puertos del Estado
introduce modificaciones sustanciales en el proyecto de Pliego de prescripciones particulares de prestación de
los servicios portuarios es necesario un segundo trámite de audiencia, comportando la omisión de dicho trámite
la nulidad de lo actuado
.

La Sala Tercera, por Sentencia nº 1172/2018, de 9.7.2018, resulta de interés en la medida en que declara que no es de aplicación su doctrina jurisprudencial sobre la reiteración del trámite de información pública cuando las modificaciones sustanciales introducidas traen causan de un informe al que la norma de aplicación otorga el carácter de preceptivo y vinculante.

Así, tras recordar su doctrina sobre la necesariedad de reiterar el trámite de información pública ante modificaciones sustanciales (vid. Fundamento de Derecho Tercero), termina resolviendo que dicha jurisprudencia no resulta trasladable a supuestos en el que la propia norma otorgar el carácter preceptivo y vinculante al informe. El razonamiento es el que sigue:

CUARTO.- No obstante, dicha jurisprudencia no resulta trasladable a supuestos como el aquí contemplado,
en el que la propia norma otorga el carácter preceptivo y vinculante al informe de Puertos del Estado.


La razón por la que la jurisprudencia de esta sala ha considerado procedente un nuevo trámite de audiencia
cuando se incorporan modificaciones relevantes al proyecto sometido a consulta es dar ocasión a los
afectados para que formulen las alegaciones ante el órgano que ostenta la capacidad de decisión. Sucede, no
obstante, que en aquellos supuestos -muy escasos- en los que los informes tienen el carácter de preceptivo
y vinculante, implica que el órgano formalmente competente para la aprobación del proyecto, no ostenta
competencia para alterar o modificar el proyecto dictaminado, esto es, se encuentra vinculado o supeditado
a lo que indique el órgano consultivo, aquí, Puertos del Estado.


Y es que, en efecto, los informes vinculantes obligan al órgano que lo solicita a resolver de acuerdo con el
criterio expresado por el órgano consultivo, sin poder desvincularse de su opinión
. Con independencia de la
naturaleza de los informes vinculantes- si son declaraciones de juicio o de voluntad- es lo cierto que su eficacia
vinculante constituye lo que se ha considerado como un desplazamiento de la competencia decisoria. Es la
propia ley la que contempla que un órgano mantenga formalmente la facultad de dictar la resolución final, si
bien, materialmente la decisión se transfiere o se retiene por otra ( STS 12 de marzo de 1990 ), de modo que el
órgano decisor está obligado a resolver con arreglo a la opinión del órgano consultivo, que es quien determina
el contenido de la decisión
.


Puede afirmarse que el articulo 113 TRLPEMM contempla un supuesto de competencia compartida, en el
que se atribuye a Puertos del Estado la determinación del contenido material del Pliego de Prescripciones,
correspondiendo su aprobación formal a la Autoridad Portuaria, o en términos de la STS de 12 de marzo
de 1990 ( STS 2245/1990 , número 434) nos encontramos ante una «potestad decisoria enmascarada»,
en la medida que se oculta al órgano que verdaderamente decide. Esto es, se reconoce la potestad de
redactar definitivamente el Pliego controvertido al órgano informante, Puertos del Estado, -que cuenta con
las alegaciones realizadas por los interesados- mientras que su aprobación formal incumbe a la Autoridad
Portuaria, que ha de atenerse al texto informado
.


Por razón de esta vinculación, que implica que la Autoridad Portuaria ha de sujetarse a lo dictaminado por
Puertos del Estado, la apertura de un nuevo trámite de audiencia sobre las alteraciones incorporadas carece
de cualquier funcionalidad, pues las nuevas alegaciones que los interesados pudieran realizar sobre las
modificaciones incluidas no podrían ser acogidas ni tomadas en consideración por el órgano al que compete
la aprobación del proyecto, deviniendo este segundo trámite de audiencia inútil y estéril, pues en nada podría
variar el texto secundado por Puertos del Estado
.


Por lo expuesto, no cabe compartir la interpretación realizada por la Sala de Canarias, que considera que la
omisión del trámite de audiencia tras el informe de Puertos del Estado equivale a un supuesto de nulidad del
artículo 62.e) de la Ley 30/1992, pues no cabe caracterizar dicho trámite como integrante del procedimiento
legalmente establecido
. El reseñado trámite no está contemplado en el artículo 113 TRLPEMM, ni cabe
sostener su exigencia en virtud de la anotada jurisprudencia, relativa a supuestos en los que no se otorga
el carácter vinculante a los informes emitidos, siendo así que, como hemos razonado, en virtud de la
«vinculación» la intervención de Puertos del Estado compromete a la Autoridad Portuaria, que ha de aprobar
el texto del Pliego de prescripciones en los términos que se indican. La falta de competencia de la Autoridad
Portuaria para introducir cualquier modificación al texto informado por Puertos del Estado determina que el
trámite de audiencia de los interesados carezca de funcionalidad, no presente virtualidad alguna ni cumpla
la finalidad que le es propia, la garantía del derecho de defensa y contradicción
. Las alegaciones que los
interesados pudieran realizar a las innovaciones de Puertos del Estado, no podrían ser acogidas ni tomadas
en consideración por el órgano al que compete la aprobación formal del proyecto, la Autoridad Portuaria de
las Palmas, deviniendo el segundo trámite de audiencia estéril e inútil, pues en nada podría incidir el texto
secundado por Puestos del Estado. En fin, la audiencia a los interesados luego emitido el informe vinculante,
amén de ser superflua e innecesaria -por no cumplir su finalidad- no resultaba exigible ni preceptiva, y su
omisión no puede equiparase a una causa de nulidad por haber prescindido absolutamente del procedimiento
establecido del artículo 62.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJPAC
.

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