Tweet Largo: El pie de recursos, la Administración Pública y la jurisdicción social

No suelo
comentar en el blog Sentencia del orden social, pero con la dictada por
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 24 de julio de
2020, número de recurso 1338/2018
 voy a hacer una excepción, ya que la misma aborda dos
cuestiones de interés, a saber:

  1. Si la comunicación de despido adoptada por una
    Administración Pública está bajo las previsiones del artículo 69.1 de la
    LRJS;
  2. Y si, de estarlo, se
    suspende el plazo de caducidad ante notificaciones omisivas de los
    requisitos exigidos en el art. 69.1, párrafo segundo, de la LRJS, y el
    alcance y extensión de la suspensión. 

La cuestión, que pudiera parecer resuelta con la
jurisprudencia existente hasta la fecha, tiene su miga, pues lo cierto es que
la Sala de lo Social se ve en la necesidad de abordar la cuestión a la luz de
las Sentencias contradictorias que se estaban dictando en la materia por
distintos Tribunales Superiores de Justicia tras la aprobación de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. Ley que modificó de forma sustancial el requisito
preprocesal exigible para demandar a una entidad pública empleadora,
suprimiendo la reclamación administrativa previa y sustituyéndola (salvo
excepciones que no vienen al caso) por la necesidad de agotamiento de la vía administrativa.

Pero no son solo esas dos cuestiones las que me llevan
a comentar la entrada. El verdadero motivo que me lleva a escribirla es que un
asiduo seguidor de este blog tiene cierta predisposición por el derecho laboral
y por las Sentencias de la Sala de lo Social del TS y la fidelidad hay que
premiarla (va por ti 
@DerechoEspana). 

A.- Los hechos

El Ministerio de Defensa, el
17.10.2016, formalizó el cese de un trabajador eventual por extinción del
contrato de trabajo al concurrir causa legalmente prevista. En la comunicación
del cese 
no
se comunicaba si la referida decisión era definitiva y qué recursos podían
interponerse contra la misma
, si bien, el trabajador
cesado presentó el 7.11.2016 reclamación previa contra el Ministerio de Defensa
y posterior demanda con fecha de entrada en el registro del Juzgado el 14 de
diciembre de 2016. 

La Sentencia de instancia acogió la excepción de
caducidad alegada por la Abogacía del Estado y el trabajador, no conteste con
ésta, interpuso recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJ de
Madrid.

El TSJ de Madrid, por Sentencia de 27 de noviembre de
2017 -recurso de suplicación núm. 904/2017- estimó el recurso al dejar sin
efecto la excepción de caducidad apreciada en la instancia. Así, a juicio de la
Sala territorial de Madrid, atendiendo a lo dispuesto en el art. 69.1 de la
LRJS, así como a la doctrina constitucional sobre la incidencia de la
reclamación previa en las acciones sujetas a plazos de caducidad, el hecho de
que el acto de notificación de despido incurriese en defectos formales (ya
que no señalaba si aquella decisión era definitiva o que recursos podían
interponerse y en que plazos
) permite hacer desplegar a la reclamación
previa interpuesta en su día,  aún reconociendo que la misma no era exigible,
el efecto de suspensión del plazo de caducidad. 

B.- Pronunciamientos contradictorios

La Abogacía del Estado interpuso recurso de casación
para la unificación de doctrina contra la Sentencia de la Sala de lo Social del
TSJ de Madrid. En el mismo se alega como Sentencia de contraste la Sentencia
del TSJ de Asturias, de 26 de septiembre de 2017, recaída en el rec. núm.
1759/2017, estimando la Sala de lo Social del TS que existe la contradicción
necesaria en los siguientes términos: 

<Entre las sentencias existe la identidad necesaria
para apreciar que sus pronunciamientos son contradictorios. 

En efecto, la sentencia recurrida, al igual que en la
sentencia de contraste, entiende que a partir de la reforma de la Ley de 2015
no es precisa la exigencia de reclamación previa para impugnar la decisión de
extinción del contrato de trabajo adoptada por una Administración Pública y que
en ambos casos, desde la fecha del despido hasta la presentación de la demanda,
había trascurrido el plazo de caducidad. A partir de ahí, las decisiones
adoptadas en cada supuesto son opuestas. Primero, porque la sentencia de
contraste entiende que la decisión extintiva no debe formalizarse con las
exigencias del art. 69.1, mientras que la sentencia recurrida considera lo
contrario. Segundo, porque en la sentencia recurrida se aplica una suspensión
del plazo de caducidad por la tramitación de la reclamación previa, lo que no
es aplicado en la sentencia de contraste en la que a esa reclamación no le
aplica aquel efecto sino que, aunque se entendiera aplicable el art. 69.1 de la
LRJS, considera que a partir de dicha reclamación comenzaría a computar el
plazo puro de caducidad, de 20 días. Tercero, consecuencia de aquellas posturas
o razones, la sentencia recurrida entiende no caducada la acción mientras que
en la de contraste se llega a solución contraria. 

Todo lo cual se advierte si tenemos presentes las
respectivas fechas de aquellos actos: desde que se produjo el despido -en la
sentencia recurrida el 7 de noviembre ce 2016 y en la sentencia de contraste el
día 22 de diciembre de 2016- hasta la reclamación previa -que en la sentencia
recurrida lo fue el día 7 de noviembre de 2016 y en la de contraste el 3 de
enero de 2016-, y, otro espacio de tiempo desde la citada reclamación previa hasta
la presentación de la demanda -que en la recurrida tuvo lugar el 14 de
diciembre de 2016 y en la de contraste el día 23 de febrero de 2016-. De
seguirse el criterio de la sentencia recurrida ninguna de las acciones de
despido estarían caducadas, mientras que de aplicarse el de la sentencia de
contraste, las dos acciones habrían caducado. 

Es cierto que en la sentencia recurrida se aplica el
efecto suspensivo porque en la comunicación extintiva no se había reflejado los
medios por los que podía ser combatida dicha decisión ni los plazos, nada de lo
cual consta en la sentencia de contraste en la que se dice expresamente que se
desconocen los términos o contenido de la comunicación extintiva, pero ello no
altera la contradicción. En la sentencia recurrida se atiende a ese dato para
aplicar un efecto suspensivo desde la presentación de la reclamación previa,
mientras que en la sentencia de contraste en el caso de que aquel
incumplimiento se hubiera producido, entiende que no sigue suspendido el plazo
de caducidad sino que su presentación permite el comienzo del plazo de
caducidad directamente.>

C.- La doctrina aplicable al caso. Unificación

La Sentencia de la Sala de lo Social del TS, tras
exponer las bases legales y doctrinales sobre las que resolver la contradicción
apreciada, afronta la resolución del recurso atendiendo, en primer término, a
si las decisiones de despido o extinción del contrato de trabajo adoptadas por
un empleador que es Administración Publica están bajo la cobertura del artículo
69.1 párrafo segundo de la LRJS y, seguidamente, para el caso de entender que
es aplicable el señalado precepto, determinar si el planteamiento de una
reclamación previa que no era exigible reanuda, o no, el plazo de caducidad de
la acción. 

C1.- Acto administrativo o acto de la administración

La Sentencia -Fundamento de
Derecho Cuarto, apartado 4a)- concluye que la notificación de la comunicación
de despido emitida por una Administración Pública sí está bajo las previsiones
del artículo 69.1 párrafo segundo de la LRJS y que, por tanto, 
la comunicación de despido
adoptada por una Administración Pública debe contener su condición de decisión
impugnable directamente ante la via judicial laboral en el plazo de veinte
días, o la que pudiera proceder, órgano, y plazo que esté establecido a tal
efecto
. Veamos las razones que
llevan a la Sentencia de unificación a alcanzar tal conclusión: 

<Pues bien y a la vista de la actual regulación, en
orden a si la notificación de la comunicación de despido emitida por una
Administración Pública está bajo las previsiones del art. 69.1 párrafo segundo
de la LRJS, esta Sala entiende que aquel acto está sometido a dicho régimen de
notificaciones y debe contener su condición de decisión impugnable directamente
ante la vía judicial laboral en el plazo de veinte días, o la que pudiera
proceder, órgano y plazo que esté establecido a tal efecto. 

Por un lado, no debemos olvidar que el precepto en
cuestión se inicia con el siguiente párrafo “Para poder demandar al
Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será
requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de
acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo
aplicable”. Esto es, está imponiendo una regla general de agotamiento de
la vía previa administrativa -en los casos que proceda- sin distinción alguna
en orden la acción que se formula frente a aquellos y, por tanto no podríamos
entender excluidas las acciones por despido u otras que se someta a plazo de
caducidad, y menos cuando el art. 69.3 se refiere a dichas acciones y a la hora
de fijar el plazo de interponer la demanda indica, entre otras situaciones, que
comenzará a computar el plazo desde que se entienda agotada la vía
administrativa. Por tanto, podría decirse que este primer párrafo del art. 69.1
no está excluyendo acciones judiciales, sino delimitando el ámbito en el que
debe acudirse a una vía previa a la judicial. 

El párrafo segundo del art. 69.1 de la LRJS es más
rotundo cuando indica que “en todo caso”, las notificaciones deben
realizarse en la forma que en él se indica, ya sea exigible o no agotar la vía
previa administrativa. Dicho mandato, “en todo caso”, existía antes y
después de la reforma de 2015, ya que en este aspecto no hay nada que se haya
alterado por la reforma de la Ley 39/2015, que tan solo ha eliminado la
reclamación previa administrativa. Por tanto, el régimen de notificaciones de
dicho párrafo no se limita a determinados actos o decisiones de la
Administración Pública.

La anterior conclusión no se desvirtúa por las razones
que ofrece la sentencia de contraste, respecto de que, al eliminarse la
reclamación previa, las exigencias formales en las notificaciones solo alcanzan
a los actos administrativos que agotan la vía previa administrativa,
dictados en el ejercicio de sus potestades de derecho público o facultades de
imperium. 

Ciertamente, el redactado de los párrafos dos y tres
del art. 69.1 de la LRJS se corresponde con el mandato del antiguo art. 58.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA), tras su modificación
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y ello se enmarcaba en un contexto en el que
las actuaciones de la Administración actúan como poder público y no como consecuencia
de una relación laboral, como la de las presentes actuaciones. Pero no por
ello, podemos interpretar que el ámbito de aplicación de ese párrafo segundo
del art. 69.1 de la LRJS deba reducirse a los actos de naturaleza
administrativa, cuando nada de ello se desprende de su contenido y ahora ya es
una norma procesal laboral. 

Además, no debemos olvidar que con aquellos requisitos
formales, en términos de la doctrina constitucional, se está dotando de
garantías materiales a la propia relación jurídica, así como otorgando
seguridad jurídica que, junto con el principio de eficacia, se justifica su
establecimiento, preservando de esa forma el derecho a una reacción efectiva
frente a esa actuación, garantizando la tutela judicial efectiva que con los
actos de comunicación debe preservarse para la mejor defensa de los derechos
del interesado. Lo anterior, además, resulta coherente con otras formas de
proceder que, alcanzando también a decisiones extintivas, viene a seguir esa
línea. A título meramente ejemplificativo, nos referimos a las decisiones del
empleador Administración Pública, en el ejercicio de sus potestades
disciplinarias, y que requieren que su notificación reúna determinados
requisitos, según el art. 122.2 del último Convenio Colectivo para el personal
laboral de la Administración Pública cuando dice: “La resolución se
notificará a la persona expedientada, con expresión de los recursos que
procedan, órgano ante el que deben de interponerse y plazo para ello”.

En el caso que nos ocupa no se ha dado cumplimiento
por la Administración demandada a las previsiones del art. 69.1 párrafo segundo
de la LRJS, y en la sentencia de contraste tampoco consta que se diera ese
cumplimiento por tanto, lo primero que tenemos es que el plazo de caducidad de
la acción estaba suspendido, tal y como entendió la sentencia recurrida, y se
desprende del art. 69.1 párrafo tercero de la LRJS.>

C2.- ¿Se mantiene la suspensión cuando el trabajador
interpone una reclamación previa que no es exigible?

La segunda cuestión que aborda la Sentencia es
si el planteamiento de una reclamación previa que no era exigible reanuda,
o no, el plazo de caducidad de la acción. 

La Sentencia manifiesta que el mero hecho de haberse
interpuesto una reclamación previa administrativa en modo alguno permite
entender que con ella se reanuda el plazo de caducidad
. Y es que, a  juicio de la Sala, se trata de
una figura ya desaparecida, alegal, y, por eso mismo, inhábil para reanudar el
plazo de caducidad. Reanudación que, según reza la Sentencia, solo acontecerá,
al no haberse indicado el modo de combatir la decisión de despedir, cuando:

<…
la persona afectada “interponga cualquier recurso que proceda” y la
desaparecida vía de reclamación previa ya no cumple ese requisito. >

En resumen, la Sentencia del TS concluye que la
comunicación de despido adoptada por una Administración Pública debe contener
su condición de decisión impugnable directamente ante la via judicial laboral
en el plazo de veinte días, o la que pudiera proceder, órgano, y plazo que esté
establecido a tal efecto, y que 
si ello no se verifica el
plazo de caducidad se mantendrá suspendido hasta que la persona afectada
interponga cualquier recurso que proceda, motivo por el cual la reclamación
previa no reanuda el plazo de caducidad, pues la misma es improcedente desde la
entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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  1. Vale 14 de junio de 2021 at 22:33 - Reply

    Me parece muy interesante su blog, ya que estoy haciendo el grado medio gestión administrativa en esta web https://modulosgrado.com/Modulo-grado-medio-Gestion-administrativa.html administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal.

  2. asalma 12 de marzo de 2022 at 20:34 - Reply

    Hola Emilio, muy interesante tu blog. Tengo una pregunta relacionada con tu post.

    Al emitir una resolución una administración pública sujeta a jurisdicción social (en este caso prevención de riesgos) comunica en el pie de recurso, opción impugnar en jurisdiccion social en plazo de 2 meses. En cambio se interpone recurso potestativo de reposicion en 1 mes, y desestima el recurso el siguiente mes. Poniendo ahora en cambio jurisdicción contenciosa, que se deduce es un error. No obstante: al haber pasado dos meses está caducado? O bien se cuentan 2 meses desde la desestimación del recurso para ir a jurisdicción social? Qué opinas?

    Gracias.

    • Emilio Aparicio 13 de marzo de 2022 at 14:14 - Reply

      Hola,
      El plazo de dos meses empieza a contar desde la notificación de la resolución desestimando el recurso de reposición.. Así que si no han pasado dos meses desde esa notificación, estarías en plazo para acudir a la vía judicial.
      Un saludo.