Si en el artículo anterior nos quedábamos en la teoría sobre para qué sirve realmente la vista, ahora bajamos a la práctica para comprobar cómo un pleito denso puede ordenarse con unas pocas preguntas bien colocadas. La idea es la misma: si la oralidad va a ser menor, debe ser mejor. Y “mejor” significa que la vista sirva para ordenar la litis y depurar el razonamiento jurídico, no para repetir los alegatos escritos.

Para ilustrarlo me valdré de un asunto que aún no tengo judicializado, pero que muy probablemente terminará por estarlo.

Hechos no controvertidos

Un funcionario interino en situación de temporalidad prolongada ha desempeñado durante más de veinte años un puesto de trabajo con nivel 25 de Complemento de Destino. Tanto el tiempo de servicios prestados como el nivel del puesto constan acreditados en el expediente administrativo y no son objeto de discusión.

La Administración reconoce la posibilidad de computar los servicios prestados como interino a efectos de consolidación del grado. Sin embargo, cuando el interesado accede a la condición de funcionario de carrera tras superar el proceso selectivo, la Administración únicamente le reconoce la consolidación de un nivel 23, correspondiente al puesto adjudicado en dicho proceso de ingreso.

La cuestión jurídica por resolver: 25 vs. 23

El marco de decisión en este litigio no es si los servicios prestados deben computarse —cuestión que no es objeto de controversia—, sino determinar si esos servicios permiten reconocer un grado de nivel 25 o si, por el contrario, debe confirmarse el nivel 23 reconocido por la Administración.

La intervención del juez: fijación del debate (quitar ruido)

Para alcanzar una respuesta razonada, la vista debe prescindir de cuestiones accesorias y fijar con claridad el marco de decisión. En este caso, la cuestión es determinar cómo debe resolverse el dilema entre el reconocimiento del nivel 25 o la confirmación del nivel 23.

Ese es el marco de decisión del proceso.

A tal efecto, el debate debe centrarse exclusivamente en tres aspectos:

1. las razones que justifican la existencia de un tope a la consolidación del grado y su fundamento;
2. si el puesto adjudicado en el proceso de ingreso constituye un elemento objetivo suficiente para fijar un nivel máximo distinto del previamente desempeñado durante el tiempo exigido;
3. si una decisión como la adoptada por la Administración resulta compatible con el Acuerdo Marco, en particular desde la perspectiva de su eficacia y carácter disuasorio frente a la temporalidad prolongada.

Tres preguntas para alcanzar una respuesta razonada

Advertencia. Soy consciente de que, cuando uno conoce el asunto, tiende a formular preguntas ya orientadas. Para evitar ese sesgo, estas preguntas las he trabajado con ayuda de IA, con un objetivo muy concreto: que sean neutrales en la forma (sin insinuar la respuesta) pero con filo suficiente como para obligar a las partes a concretar premisas, justificar el elemento diferencial y asumir las consecuencias reales de sus tesis.

1) Salto decisorio en concreto

«Si no se discute que el actor prestó servicios durante el tiempo suficiente en un puesto de nivel 25, ¿por qué el grado reconocido tras el proceso de ingreso no se corresponde con ese nivel 25?»

Esta pregunta obliga a la Administración a explicar el salto 25 → 23 sin refugiarse en fórmulas generales (“sistema”, “coherencia”). Le exige identificar qué regla concreta permite que unos servicios prestados en un nivel determinado produzcan un efecto inferior.

A la parte actora, por su parte, le impide instalarse en lo meramente intuitivo (“es evidente”) y la obliga a señalar el punto exacto en el que, a su juicio, la Administración rompe la correspondencia entre servicios previos y grado consolidado.

2) Elementos objetivos del condicionamiento por el puesto adjudicado

«¿Qué elementos objetivos explican que el efecto del cómputo de esos servicios quede condicionado por el nivel del puesto finalmente adjudicado en el proceso de ingreso?»

La pregunta fuerza a la Administración a justificar por qué el puesto adjudicado no es solo un dato de encuadre, sino un factor objetivo capaz de fijar un máximo, y a explicar por qué ese factor no introduce resultados contingentes o arbitrarios.

A la parte actora le exige precisar qué considera un elemento no objetivo (o insuficiente) y por qué el condicionamiento por el resultado del proceso de ingreso no puede operar como criterio legítimo de cierre.

3) Efectos prácticos y compatibilidad (efectividad y disuasión)

«En términos prácticos, ¿qué efectos produce la solución adoptada sobre la carrera profesional del interesado y por qué considera cada parte que esos efectos son compatibles con las exigencias de efectividad y disuasión asociadas al marco europeo frente a la temporalidad prolongada?»

Esta pregunta obliga a la Administración a hablar de consecuencias reales, no de cumplimiento formal: debe explicar qué efecto útil produce su solución y por qué ese efecto es suficiente desde la perspectiva de la efectividad y la disuasión.

A la parte actora le impide limitarse a invocar genéricamente el Derecho europeo y la obliga a concretar qué efecto material falta y por qué la solución administrativa no alcanza el estándar exigido.

Cierre (por qué esto es una vista útil)

El debate queda así ordenado y facilita al juez la decisión sobre los elementos verdaderamente relevantes del conflicto. Los árboles dejan de ocultarle el bosque.