El todo y sus partes del acuerdo de derivación

Hace tiempo me llamó un compañero para preguntarme mi opinión sobre la peculiar manera de determinarse la “summa gravaminis” en los acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas tributarias. A mi juicio, a pesar de la reiterada y unánime linea jurisprudencia existente en aquel momento,  la cuantía debe fijarse en la suma total que se derivaba en el acuerdo y no en la suma de los importes de cada liquidación. La distinción tiene su importancia, así, en el primer caso, la cuantía se fija, ex artículo 41.1 y 42.1 a) LJCA, en el contenido económico del acto, mientras que en el segundo, la cuantía, aunque se fije en la misma suma, lo es por aplicación del artículo 41.3 LJCA, esto es, por la suma del importe de cada liquidación, lo que lleva como consecuencia que la misma no comunicará a las pretensiones de cuantía inferior la posibilidad de recurso. 
Y llegaba a esa conclusión porque en los acuerdos de derivación de responsabilidad lo que en esencia se impugna es la propia derivación y no, con carácter principal, concretos actos de liquidación. Por ello, me resultaba imposible disociar del acuerdo de derivación el importe total reclamado. 
Pues bien, hace unos días encontré un Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 6 de marzo de 2014, Recurso de Casación nº 2539/2013, que refleja en buena medida ese razonamiento. 
El Auto, en primer lugar, nos recuerda su reiterada doctrina respecto a la consideración de la cuantía en materia tributaria:

Es doctrina reiterada y consolidada de esta Sala, que el concepto
jurídico delimitador de la cuantía a efectos de la admisión del recurso
de casación, en materia tributaria, viene configurado por cada acto
administrativo de liquidación o por cada actuación de los particulares
de cumplimiento de obligaciones tributarias, siendo indiferente que, por
razones de eficacia, economía y celeridad, la Administración
tributaria, o los sujetos pasivos, acumulen en un mismo expediente
administrativo, bien en la vía de gestión e inspección, en la de
reclamaciones económicas-administrativas o en los procedimientos
ejecutivos, diversos actos de liquidación o diversas actuaciones
tributarias (autos de 24 de septiembre de 2009, rec. 807/2009, de  1 de octubre de 2009, rec. 2795/2008, y de  18 de marzo de 2010, rec. 5201/2009, entre otros). Téngase en cuenta, además,
que, aunque este caso no se haya comprendido en la letra del
artículo 41.3, limitado a la acumulación jurisdiccional, sí lo
está virtualmente en su espíritu, ya que la finalidad de este precepto
es evitar que pueda alterarse el límite cuantitativo previsto en la Ley
de esta Jurisdicción para el acceso al recurso de casación por un hecho
circunstancial y a veces aleatorio, como es una pluralidad de
pretensiones o, lo que en este caso es equivalente, un acuerdo que
declara la responsabilidad por varios conceptos y ejercicios
tributarios.   

En el párrafo siguiente nos explica el porqué se aplica esa doctrina a los acuerdos de derivación:

Asimismo, este criterio sostenido para la impugnación en casación de las
liquidaciones tributarias, hemos dicho que resulta también aplicable a
los acuerdos de derivación de responsabilidad por deudas tributarias,
pues con independencia de que la deuda se le reclamase por un importe
conjunto, la viabilidad del recurso por razón de la cuantía es la misma
respecto del responsable principal que respecto del subsidiario (por
todos,  Auto de 22 de noviembre de 2007, recurso número 1675/2007 o de  20 de enero de 2011, recurso número 429/2010). Lo contrario produciría
injustificadamente un diferente trato procesal en función de que el
recurrente fuera el sujeto pasivo o deudor principal o un tercero
responsable solidario o subsidiariamente de la deuda reclamada, lo que
sería por completo ajeno al propósito perseguido por la normativa legal
delimitadora del ámbito del recurso de casación por razón de la cuantía
litigiosa (por todos, Autos de 21 de septiembre y 17 de noviembre de
1998, 26 de abril y 31 de mayo de 1999, 20 de octubre y 27 de noviembre
de 2000, 12 de marzo de 2001 y 20 de marzo de 2003).

Y a continuación la razón del post, que es en definitiva lo que merece relevancia:

Ahora bien, la proyección de esa doctrina tiene plena virtualidad
cuando lo que se discute son las liquidaciones tributarias que integran
el acuerdo de derivación de responsabilidad pero no así cuando el objeto
del recurso se centra únicamente en la procedencia de dicho acuerdo
como acto único
. En éste caso, la entidad recurrente a través de los
tres motivos de casación que formaliza al amparo del
art. 88.1.d) denuncia la infracción de los
arts 37 y
72.1 y
2 de la  Ley General Tributaria de 1963 para sostener que la adquisición de activos aislados no
tuvo por finalidad encubrir la transmisión de la empresa ni simular un
contrato ni el vaciamiento patrimonial de aquella y, además, que no se
le ha aplicado la exención contenida en el último precepto que cita dada
la acreditación de la inexistencia de deudas tributarias devengadas y
liquidadas en el momento de la transmisión.
Con independencia del acierto jurídico de las infracciones que se
denuncian lo cierto es que la impugnación se centra exclusivamente en la
procedencia del acuerdo de derivación de responsabilidad y no en las
liquidaciones tributarias que lo integran. Carecería, además de sentido
en otro caso que, superando una de esas liquidaciones los 600.000 euros
se admitiera el recurso de casación exclusivamente respecto de ésta
cuando, en realidad su objeto no son las liquidaciones, sino, ha de
insistirse, el acuerdo de derivación de responsabilidad, lo que
justifica la admisión a trámite del recurso.

Importante matiz el que introduce el Supremo en su Auto, que encamina la interpretación de la determinación de la cuantía en materia tributaria a términos más razonables. 
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